El hermano del gobernador de P.Rico se desvincula de cualquier trato de favor

San Juan — El hermano del gobernador de Puerto Rico, el abogado Jay Rosselló, hizo una declaración pública con el intento de desvincularse de cualquier trato de favor por parte del Departamento de Educación local hacia él y el despacho en el que trabaja.

Jay, en un comunicado que divulgan hoy medios locales, asegura que no es una figura pública, pero que da a conocer su postura sobre el asunto con el objetivo de “aclarar toda duda y desinformación que se ha difundido” sobre su práctica profesional.

El comunicado llega después de la polémica por las insinuaciones sobre supuestas irregularidades cometidas en contratos firmados por el Departamento de Educación durante el mandato de Julia Keleher, lo que incluiría un supuesto trato de favor hacia el despacho de Jay, Hogan Marren Babbo & Rosene.

El hipotético trato de favor hacia Jay fue rechazado por el gobernador, que aseguró que su hermano jamás ha tenido un contrato con ninguna agencia pública local.

El asunto se ha convertido en mediático al coincidir con la salida del Departamento de Educación de Keleher, quien según medios de la isla es investigada por autoridades federales por los contratos otorgados durante su mandato.

Los medios de la isla divulgaron que bajo el mandato de Keleher, el Departamento de Educación firmó, entre muchos otros, un contrato con Hogan Marren Babbo & Rosene, despacho que aparece en la sección de colaboradores en la dirección en internet de la compañía de la ex secretaria de Educación, Keleher & Associates.

“No tengo, y nunca he tenido, contratos con el Departamento de Educación o cualquier otro departamento, agencia o entidad del Gobierno de Puerto Rico”, subraya Jay.

“Desde mayo del 2017, ejerzo como abogado para el bufete Hogan, Marren, Babbo & Rose. Desde que soy miembro el bufete ha tenido únicamente un contrato con el Gobierno de Puerto Rico”, aclara Jay.

“Ese contrato con el Departamento de Educación se firmó a finales del 2017 y expiró el 30 de junio del 2018. Personalmente no tuve rol alguno en la solicitud, negociación, finalización o manejo del mismo”, detalló.

Aclara además que ese contrato surgió dada la relación existente previamente entre Keleher y un accionista de Hogan, Marren, Babbo & Rose, Charlie Rose.

“Esa relación se remonta a cuando ambos trabajaban para el Departamento de Educación de los Estados Unidos y se concretó debido a la extraordinaria reputación nacional y peritaje del bufete en el campo de la educación. Por parte del bufete, el contrato estaba a cargo, era responsabilidad de, y fue firmado y manejado por el licenciado Rose”, aclaró.

Dijo que el propósito del contrato era proveerle al Departamento de Educación asesoría y asistencia legal en asuntos federales, legislativos y de política pública, incluyendo consultoría en áreas de la reforma educativa que eventualmente se convirtió en la Ley 85-2018.

“Ese proceso conllevó leer y revisar múltiples borradores de potencial legislación. Esos borradores eran en español, y como yo era, y continúo siendo, el único abogado en el bufete con dominio de ambos idiomas, Rose me pidió que leyera y analizara -no tradujera- los mismos”, sostuvo.

Aseguró que ese esfuerzo resultó en 25 horas trabajadas y que nunca incluyó actividades adicionales, como, por ejemplo, participación en llamadas o reuniones con el Departamento de Educación.

“De hecho, yo nunca tuve, durante la vigencia de, y en relación a, este contrato, contacto alguno con representantes del Departamento u otra persona que no fuera el licenciado Rose”, matizó.

El monto total que el despacho le facturó al Departamento por este contrato fue 47.800 dólares y el bufete recibió una cantidad de 45.486 dólares, de la que alrededor de 8.000 corresponden al trabajo que realizó Jay, según precisó.

El hermano del gobernador explicó además que a través de los 2 años trabajados en ese despacho ha representado, y provisto asistencia legal, a un sinnúmero de clientes, uno de los cuales fue el Center for Education Reform (CER), entidad sin fines de lucro que aboga por reformas educativas, incluyendo escuelas “chárter”.

Recordó que en octubre del 2018, el gobernador hizo una presentación ante el CER en la cual exhortó a los asistentes a participar de la transformación educativa en Puerto Rico.

“Ahí nació la idea de coordinar una reunión en Puerto Rico entre miembros de CER, el gobernador y la ex secretaria, la cual ocurrió en diciembre del 2018”, detalló.

“El propósito de la reunión era explicar el proceso, y discutir el potencial, para establecer escuelas ‘chárter’ en Puerto Rico. Yo participé en esa reunión como parte de mis labores para CER. Ni durante la reunión, ni en momento alguno desde entonces, se asignó, designó, o se hizo compromiso de ninguna naturaleza en relación a las escuelas ‘chárter’”, concluyó.